El despliegue de las fuerzas de seguridad ante la concentración en el acceso desde Avellaneda deja en evidencia cómo la amenaza sobre el tránsito altera el sistema nervioso del capital, transformando la autoridad abstracta del Estado en coerción física.
Esta mañana, efectivos policiales impidieron que manifestantes del Polo Obrero concretaran el corte del tránsito en el Puente Pueyrredón —en reclamo por la baja del programa Volver al Trabajo—, desatando corridas y momentos de tensión.
Frente a este escenario, es posible leer lo ocurrido más allá de la coyuntura inmediata: el puente Pueyrredón no es solo una vía de tránsito, es un espacio estratégico de circulación. Foucault insistía en que las sociedades modernas están obsesionadas con la gestión de los flujos (de mercancías, de dinero, de personas). Cortar el puente altera la circulación económica y urbana. Se quiebra la ficción del orden, porque el corte visibiliza de golpe aquello que el sistema prefiere mantener oculto o descartado en los márgenes (la pobreza, la precarización, el hambre). Rompe la ilusión de que “todo marcha bien”. Alterar la circulación es golpear al sistema en su sistema nervioso central. Por eso la represión es tan visceral; no defiende metros de asfalto, defiende la lógica misma de la circulación del capital.
El enfrentamiento cuerpo a cuerpo —el uniforme antidisturbios frente al manifestante desprotegido— demuestra que el Estado no es una entelequia abstracta, sino que se mete en el barro del conflicto. Su autoridad se hace sentir metro a metro y se experimenta en lo inmediato, en el ardor que produce el gas pimienta, en el empujón y en el choque de los cuerpos en la primera línea. La violencia no es una anomalía del sistema, sino una herramienta de su kit regulatorio cuando los mecanismos de consenso o normalización fallan o se vuelven insuficientes ante la crisis social.
Los discursos construyen lo que aceptamos como “normal” o “delictivo”. La aplicación estricta de protocolos de seguridad mediatizados busca producir un régimen de verdad donde el manifestante no es una persona ejerciendo un derecho básico como el de la protesta, sino un “piquetero”, un infractor o un disruptor del orden público. La represión se legitima discursivamente bajo el argumento de “garantizar los derechos de los que quieren circular”, fragmentando a los sectores trabajadores y transformando la demanda social en un problema estrictamente policial. Como si el derecho a transitar fuera más importante que el derecho a alimentarse.
En suma, lo que se ve en el Puente Pueyrredón es un ritual de poder donde el Estado intenta restablecer por vía del castigo corporal y la coerción espacial un orden económico que expulsó a vastos sectores a los márgenes, recordándoles físicamente cuáles son los límites tolerados para su visibilidad.