La represión contra los jubilados en el Congreso y la violencia en los festejos populares de todo el mapa no son excesos, son el método. Un despliegue sistemático donde la Justicia avala el garrote para asegurar que ningún espacio público escape al control de este gobierno.
El clima de euforia previa al partido Argentina-Inglaterra fue interrumpido violentamente en el Congreso. La agresión de Gendarmería a los jubilados y al padre Paco Olveira —golpeado y arrojado al suelo mientras intentaba proteger a otros— no fue un hecho aislado. Fue la marca de una jornada donde el Estado ejecutó su política de reprimir a quienes reclaman por sus derechos básicos antes de que la pelota siquiera empezara a rodar. No es un accidente, es el método del gobierno de Milei. El mismo rigor aplicado contra los jubilados en el Congreso se desplegó contra los hinchas en la calle; una estrategia sistemática para eliminar cualquier espacio de protesta o júbilo, vallar el Obelisco y convertir el encuentro popular en un territorio bajo control policial.
La justicia como muro, no como refugio
Horas antes de la semifinal contra Inglaterra, la Justicia porteña desestimó el habeas corpus presentado por la familia de Julián Finoli, el menor que casi pierde un ojo por un disparo de bala de goma durante los festejos ante Suiza. El recurso buscaba garantizar el festejo sin violencia policial y preservar las libertades básicas. Pero pedirle a la Justicia que ponga un límite a la represión es pedirle al sistema que se censure a sí mismo. Al rechazar el recurso, el Poder Judicial ha actuado conforme a su naturaleza histórica: proteger el monopolio de la violencia estatal. No se trata de un fallo “equivocado”, sino de la confirmación de que la legalidad es, en última instancia, el dispositivo que legitima el abuso. La justicia no está para protegernos de la policía; está para asegurar que la policía pueda cumplir su función de domar al cuerpo social.
la arquitectura del miedo
La victoria deportiva produce una euforia incómoda para el poder: una marea de gente que celebra sin jefes, sin agenda y fuera de su control. Nadie da órdenes. Por eso la respuesta siempre es el garrote. Y la represión no se limita al Obelisco; es un operativo que abarca todo el mapa. En el resto del país la realidad es igual de cruda. En Corrientes, la celebración de la victoria ante Inglaterra fue empañada por la violencia estatal. Lo mismo se replicó en Córdoba y Mendoza, donde la represión y las detenciones sistemáticas confirmaron la misma lógica: los festejos populares han sido transformados en zonas de peligro por un aparato estatal que, bajo la excusa del “orden”, avanza con balas de goma contra la multitud.
El Gobierno de Milei no solo gestiona el empobrecimiento; también gestiona el miedo. Busca que el jubilado que reclama por su vida, el hincha que celebra en la calle o quien protesta por su libertad, entiendan que el espacio público ha dejado de ser suyo. El objetivo es convertir la vida social en una serie de eventos predecibles, castigando la disrupción con el rigor de la fuerza bruta.
Esta respuesta violenta, bendecida por los tribunales, no es un exceso: es la confirmación de que el Estado, sea cual sea el color de turno, siempre necesita el monopolio del garrote. Pero este gobierno ha ido más allá; ha perfeccionado un fascismo que no admite fisuras. Cuando el sistema requiere gases, palos y el sello de un juez para intentar contener la alegría o el reclamo en las calles, lo que demuestra es que su autoridad ya no puede sostenerse más que por la fuerza bruta. La resistencia no está en los expedientes ni en las esperanzas puestas en la Justicia; está en la persistencia de seguir habitando la calle, ese territorio que el Estado, con toda su pulsión fascista, nunca terminará de domesticar.