La conocida pyme Igarreta, concesionaria de Ford, protagoniza, con la complicidad de SMATA, una creciente ola de despidos; una muestra más de las políticas de reestructuración social de Javier Milei.
por Darion
La quimera del déficit cero impulsó al gobierno neofascista de Javier Milei a una devaluación del 118% de la moneda y a la liberación de precios de alquileres y combustibles. Por otra parte, el gobierno declaró la emergencia del sector energético nacional, lo cual allanó el camino a los aumentos de tarifas de luz y gas. Todas estas medidas condujeron a una alta inflación: no solo licuaron el salario de los trabajadores, sino que además encarecieron los costos de la producción local. A esto se suman los despidos a mansalva del sector estatal y una crisis de empleo que podría igualar a la de la década menemista. De esta manera, Javier Milei le arrebató la capacidad de consumo a gran parte de la población, porque si la población no tiene capacidad de consumo, las industrias no podrán producir para el mercado local y los altos costos de producción dejarán a la industria argentina fuera de competencia en los mercados internacionales. En resumen, el gobierno neofascista cerró un primer trimestre con inflación, recesión, caída del consumo y pérdida de empleos.
En lo que se refiere al sector automotriz, una actividad que está entrando en crisis, Toyota acaba de presentar un plan de reducción de personal, debido a una baja de la producción, consecuencia de la recesión económica; la planta de General Motors en Alvear volvió a parar su producción por falta de insumos importados, esta vez por dos semanas; Nissan-Renault y Mercedes Benz anunciaron, dos meses atrás, sus planes de retiros voluntarios. Ante esta situación, el comienzo de una crisis de empleo en el sector privado es innegable.
Igarreta SACI es una pyme, una concesionaria importante de la marca Ford. Cuenta con una división industrial de vehículos especiales (aeroabastecedores, barrenieves, perforadores, etc) y grupos electrógenos. En diciembre de 2023, Igarreta contaba con 97 empleados. En febrero de 2024, fueron despedidos el responsable del área de gestión ambiental y la recepcionista; ambos puestos fueron cubiertos con rotación interna de personal.
El miércoles 20 de marzo se presentaron los delegados zonales de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor), quienes junto a los dos delegados de fábrica se reunieron con el personal jerárquico de la empresa. Luego de la negociación, el sindicato convocó al personal bajo convenio. Lo insólito fue que a esta asamblea de trabajadores y trabajadoras, concurrieran dos gerentes, Pablo Pich y Javier Ventura, y el jefe de personal Oscar Peris, invitados por los dos delegados sindicales. Uno de ellos, Martin Oro, abrió la asamblea comunicando que la empresa abría la posibilidad de retiros voluntarios. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Estos “retiros voluntarios” tenían un plazo de tres días hábiles, no eran más que una forma diplomática de encubrir los despidos. La presencia intimidatoria del personal de alta jerarquía de la empresa impidió a los trabajadores expresar su descontento con el accionar de la burocracia sindical. El malestar entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa fue notorio.
Un solo un trabajador aceptó el “retiro voluntario” y otros siete fueron despedidos entre el lunes y martes, en vísperas de Semana Santa. La empresa no cumplió estrictamente con el plazo de tres días que había establecido. Varias de las personas despedidas tenían más de una década en la empresa y una edad que superaba los cincuenta años, lo cual les dificultará reinsertarse en el mercado laboral. En conclusión, durante los cuatro meses de la era Milei, Igarreta redujo un 10% su personal. Un claro ejemplo de que las políticas implementadas por Javier Milei desencadenan una fuerte suba del desempleo.
Lo sucedido en Igarreta no es un caso aislado porque, en líneas generales, forma parte de un gran proceso de reestructuración social, que propone la administración de Javier Milei, con la clara intención de acrecentar las bases de dominación de las élites y de continuar con los procesos de atomización de las clases subalternas, que empezaron en 1976 con la dictadura cívico-militar. En los discursos y acciones de LLA (La Libertad Avanza) se pretende individualizar las conductas sociales de las clases subalternas. Es notorio el cuestionamiento a todo tipo de lazo organizativo entre estas. La estigmatización a los sindicatos y a las organizaciones de los trabajadores desocupados es evidente. Anular todas las formas organizativas de las clases subalternas, como desea el gobierno, concluirá en más exclusión y ampliación de la precarización laboral. Frente a este panorama, la CGT por ahora solo respondió a sus afiliados con un insuficiente paro de 12 horas contra el gobierno neofascista.
Para llevar a cabo esta nefasta maniobra de reestructuración social, es necesario implementar una política de “tierra arrasada”, porque es la única forma de crear las condiciones para un cambio tan drástico. Dicho esto, no debe sorprender la recesión detallada en el primer párrafo. La desocupación que está implementando Javier Milei ─tanto en el sector estatal, como en las grandes empresas y las pymes─ tiende a reducir el peso político de los trabajadores organizados.